¿Cuál es el impacto del COVID-19 sobre la transición energética de los países de la región de América Latina y el Caribe? Perspectivas a futuro

 

En la última década, la mayoría de los países de la región han puesto en funcionamiento políticas públicas con el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento energético, y al mismo tiempo permitir una transición energética justa a fin de lograr seguridad de abastecimiento y equidad en el acceso energético. Esto ha quedado evidenciado en los procesos competitivos para el financiamiento de proyectos de energías renovables a través del mecanismo de subastas (OLADE, 2019), y de los programas de acceso energético a través de fuentes renovables.

El objetivo de tales políticas apuntó a dejar de depender paulatinamente de fuentes energéticas primarias como el petróleo o el gas natural, con las fuertes implicancias que esta dependencia genera sobre el saldo de la balanza de pagos y la demanda divisas, que luego impactan finalmente en forma directa sobre el crecimiento económico de nuestros países. Al mismo tiempo, las políticas de promoción de energías renovables fueron impulsadas con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. Esto adquirió especial relevancia desde el año 2015, en el cual diversos países de la región firmaron el Acuerdo de París en la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) (OCDE/IAE, 2016). Bajo este acuerdo establecieron compromisos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para lograr el objetivo global de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales (Art. 2).

Sin embargo, tal cual lo plantea CEPAL (2020) la actual pandemia del COVID-19 encuentra a América Latina y el Caribe en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica. En el decenio posterior a la crisis financiera mundial (2010-2019), la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6% al 0,2%; más aún, el período 2014-2019 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950. Según CEPAL (2020) esta pandemia será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad e impactará a las economías de la región a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción de la actividad económica que la región haya sufrido desde que se iniciaron los registros, en 1900. Según la anterior publicación se estima que los mayores impactos se darían en los países de América del Sur, que se especializan en la exportación de bienes primarios y, por lo tanto, son más vulnerables a la disminución de sus precios.

Para enfrentar tal panorama el sector energético debe prepararse. La actual crisis lo encuentra en una etapa de transformación impulsada por los desafíos del cambio climático y la innovación tecnológica. En este contexto, los interrogantes que guían este artículo en el actual contexto internacional son: ¿Cómo enfrentarán las empresas energéticas este panorama de recesión macroeconómica? ¿Qué ocurrirá con la política de renovables en América Latina y el Caribe? ¿Qué pasará con las políticas de eficiencia energética y con las políticas de promoción de los recursos no convencionales de petróleo y gas en América del Sur? ¿Se ralentizarán las políticas de apoyo? ¿Se verificará un nuevo rol del Estado en este nuevo contexto internacional? ¿Quiénes financiarán los nuevos proyectos “verdes”?

Para intentar dar respuesta a algunos de estos interrogantes se presenta la participación de los principales sectores finales en el consumo energético tanto para América Latina como para los países de la OCDE.

Tabla 1. Participación de los principales sectores finales en el consumo energético

b Datos García et al. 2017; c Datos IEA 2019; Fuente: elaboración propia

La tabla muestra que los sectores que traccionan o dinamizan el consumo energético en la región latinoamericana son justamente el sector transporte y el sector industrial, que son los más afectados por la pandemia y que más han ralentizado su consumo de energía. Inclusive en la tabla se observa que estos sectores tienen más importancia en nuestra región que en los países de la OCDE. De hecho el sector industrial, participa en más de 8 puntos en el consumo de energía total en América Latina respecto a la otra región de estudio. Por tanto, es muy probable que la pandemia afecte con más intensidad el consumo de energía final de los sectores transporte e industrial. Aunque hay que tener en cuenta que ese mismo efecto puede ser mucho mayor en una economía dependiente del turismo y mucho menor en economías donde gran parte del consumo energético lo consume el sector residencial.

Otro aspecto importante a destacar es que el sector de transporte es el de mayor consumo energético en ambas regiones y además utiliza en su mayoría productos derivados del petróleo. Según los datos de la Agencia Internacional de Energía1 (IEA por sus siglas en inglés) para el año 2017 en los países de la OCDE el uso de productos derivados del petróleo representó un 92% del consumo energético y en los países de América no pertenecientes a la OCDE representó un 84%. Esto se encuentra íntimamente ligado con la evolución que han experimentado los precios del petróleo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Esta es una primera aproximación a tener en cuenta, principalmente para los que toman decisiones de política pública en relación a los efectos de la crisis sobre el sector. Con más precisión, lo que se pretende manifestar es que los sectores transporte e industrial serán los más afectados por la crisis, los que más consumen energía y por tanto hacia quienes deberían estar focalizadas las políticas de apoyo institucional por parte del Estado. Por otro lado, dentro del sector energético si bien las distintas cadenas energéticas sufrirán las consecuencias del impacto de la crisis, la que mayormente se ve afectada en el mundo y la región es la del petróleo. 

Asimismo, es importante analizar el futuro de las políticas de desarrollo de las energías renovables y en este sentido, interrogarse acerca de quiénes financiarán los nuevos proyectos de inversión, en el contexto de un nuevo Estado con fuerte injerencia sobre la actividad económica. En principio se puede decir que en algunos países como Argentina la actual situación ha puesto un freno al impulso de nuevos proyectos, verificándose sólo la culminación de aquellos que se encontraban en proceso de finalización. La actual crisis, detiene la aparición de nuevos proyectos por dos fenómenos que se retroalimentan que son: el descenso del precio del petróleo que lo abarata en relación a otras tecnologías, y la fuerte caída de la demanda de energía como consecuencia del freno de la actividad económica. Sin embargo, para el caso específico de Argentina, la fuerte caída de la demanda eléctrica de las industrias del país que prácticamente no tuvieron producción por el aislamiento, la baja de la generación térmica y la prioridad de despacho de las energías renovables generaron un aumento en la  participación de las energías renovables en la generación eléctrica, llegando a alcanzar el 12% en la matriz eléctrica. 

En conclusión, tal como plantea el BID (2020) la región enfrenta desafíos tales como: garantizar un suministro suficiente, continuo y de alta calidad en centros de salud y en otros servicios básicos como el suministro y manejo de agua así como otorgar mecanismos para garantizar la asequibilidad de los servicios de energía: a la población vulnerable y a la población en general, que, sin ser vulnerables se afectan sus ingresos considerablemente como consecuencia de la pandemia y poner en funcionamiento una estrategia para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del sector, considerando las pérdidas de ingresos de las empresas por la disminución de la demanda y los retrasos o la falta de pagos por provisión del servicio

Lo anterior implicará reimpulsar los modelos de planificación del sector teniendo en cuenta las necesidades del sector y el cumplimiento de los compromisos internacionales como el Acuerdo de Paris y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Para finalizar es importante destacar que si bien hubo una mejora del impacto ambiental proveniente del sector energético, como consecuencia de la reducción de la demanda de energía debido a la pandemia, es debatible la deseabilidad de este resultado. En otras palabras, ¿hasta qué punto es deseable este resultado desde una perspectiva socioeconómica? Mejorar el medio ambiente a partir de una fuerte caída de la actividad económica, contexto en el cual muchas personas se han quedado sin trabajo y por lo tanto con graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, no pareciera ser el camino para cumplir los compromisos asumidos en materia de cambio climático a nivel internacional. Justamente por estas razones, las políticas de energías renovables y eficiencia energética son una manera de lograr el objetivo sin comprometer el crecimiento económico de los países. De aquí se desprende la preocupación por la disminución del precio del petróleo, que es la principal fuente energética que compite con las energías renovables, y su impacto en el proceso de transición energética de la región de América Latina y el Caribe.

 

https://www.iea.org/sankey/ 

 

Referencias bibliográficas:

CEPAL (2020) Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Informe Especial COVID-19, Nº2.

Echeverria, C., Yepez, A., Hallack, M. (2020) El sector eléctrico, pilar fundamental en la batalla contra la pandemia, BID, disponible en https://blogs.iadb.org/energia/es/el-sector-electrico-pilar-fundamental-en-la-batalla-contra-la-pandemia-del-covid-19/

García F., Ruchansky B., Carpio C., Guillén J. Lopez J., Materán M., Hallack M. (2017) Eficiencia energética en América Latina y el Caribe: Avances y oportunidades, CEPAL, OLADE, BID. Disponible en: https://publications.iadb.org/en/publication/14086/eficiencia-energetica-en-america-latina-y-el-caribe-avances-y-oportunidades

OECD/IEA (2016) Energy, Climate Change and Environment 2016. Disponible en: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ECCE2016.pdf

OLADE (2020) Procesos Competitivos para el financiamiento de proyectos de energías renovables. Situación en América Latina y el Caribe.

 

*Las opiniones expresadas en el presente artículo corresponden a la valoración de su autor, por tanto, no representan una posición institucional de OLADE, ni constituyen una recomendación del organismo para la toma de decisiones. El autor se responsabiliza por la congruencia de los datos e información empleada en el análisis realizado.

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Covid-19: Un reto y una oportunidad para las energías renovables

La cara de la pandemia

El mundo vive, desde el mes de marzo de 2020, una situación insólita nunca vista en la historia moderna. La pandemia del Nuevo Coronavirus o COVID19, que ha sumido la sociedad postindustrial, en una especie de letargo alucinante, que se asemeja a una película de zombies o de ciencia ficción.  Ciudades vacías, animales salvajes invadiendo parques municipales, fábricas cerradas, autopistas y aeropuertos desiertos.

En el sector energético, la paralización económica debido a la pandemia, ha provocado la brusca caída de la demanda y de los precios de los energéticos, un comportamiento dictado por las leyes del mercado por el exceso de oferta. En el sector petrolero los precios del crudo han descendido a valores absurdos. ¡Por primera vez, en sus más de 150 de historia comercial los precios del petróleo registraron precios negativos! 

Las consecuencias económicas no se pueden aún estimar, sencillamente porque la pandemia todavía está en curso y existe una gran incertidumbre del tiempo que tome declarar el fin del de las medidas de confinamiento y el retorno a la normalidad.  Pero unas cifras son suficientes para percibir la magnitud del impacto económico: en el primer cuatrimestre de 2020, un 54% de la población mundial, que representa el 60% del Producto Interno Bruto mundial, estaba bajo algún grado de confinamiento. 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda de petróleo caerá en 2020 de unos 9.3 millones de barriles por día; y regresaríamos a los niveles de consumo de hace 10 años, principalmente por la casi paralización de la movilidad terrestre y aérea, que juntas representan el 60% de la demanda de productos petroleros. El consumo de electricidad, por razón del confinamiento, también se visto muy afectado. El confinamiento ha provocado una caída de la demanda máxima, en el primer cuatrimestre de 2020, de entre 18% y 25%, comparada con la del mismo cuatrimestre de 2019. Se espera que el consumo anual de electricidad de 2020 se reduzca en un 8% con respecto a 2019.

Si se mira el impacto global sobre el empleo, la situación es igualmente dramática. Estudios mencionados por la AIE prevén que el desempleo podría llegar al 21%, cifra comparable a los niveles alcanzados durante la Gran Depresión de 1929-1930. Esta cifra puede estar subestimada debido al gran porcentaje del empleo informal en los países menos desarrollados, que se estima en más del 40%. Los sistemas de apoyo social de emergencia, así como de ayuda al desempleo y los subsidios, pondrán mucha presión sobre el gasto público, el déficit y el endeudamiento. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que las consecuencias económicas de la pandemia serán sólo comparables con las de la Gran Depresión. Según este organismo, el Producto Bruto Mundial se contraerá en el 2020, en un 3% con respecto al nivel de 2019; las economías de los países más desarrollados se contraerán en 6.1%; mientras que las economías menos desarrolladas caerán en 1%. El ingreso per cápita en 170 países, de los 183 que constituyen las Naciones Unidas, se contraerá en 2020. 

Para América Latina y el Caribe, el FMI estima que el Producto Interno Bruto regional se contraerá en 2020 en un 5.2%; mientras que economías como las Brasil y México se reducirán en un 5.3% y 6.6% respectivamente. Estas previsiones, según el organismo, se basan en un escenario de moderado optimismo, en el entendido de que la pandemia se controle en el tercer trimestre de 2020 y de que los sistemas sanitarios sean capaces de responder adecuadamente. En este caso se prevé una recuperación parcial de la economía en 2021. Si el tiempo para controlar la pandemia se prolonga más, las consecuencias económicas serán peores. 

El Banco Mundial (BM) prevé una caída del precio de los commodities. Los precios de los metales y del petróleo registran caídas importantes producto de la drástica reducción de la demanda debido a la casi paralización de la actividad industrial. El BM también pronostica una caída del 20% de las remesas, debido a la pérdida de empleo de los emigrantes en los países del Norte, algo que afectará mayormente a los países centroamericanos que dependen mucho de estos ingresos.

La reducción de la demanda de bienes y servicios por las medidas de confinamiento y la suspensión de los viajes internacionales, afectarán principalmente a los países del Caribe que dependen en buena medida del turismo. La reducción generalizada de las actividades económicas ha producido un hueco fiscal en las arcas de los Estados y por consiguiente un empeoramiento del déficit y del endeudamiento. Los países exportadores de petróleo de la región verán sus ingresos afectados por la drástica caída de los precios del crudo, con un grado de afectación que será proporcional al grado de dependencia de sus economías de las exportaciones de petróleo. 

Las inversiones privadas, debido a la incertidumbre, esperarán mejores tiempos; mientras que los fondos de los nuevos préstamos suscritos por los Estados serán dirigidos principalmente para costear los gastos del sistema sanitario y para paliar las necesidades de la población que ha quedado sin empleo y a las pequeñas empresas que han quebrado o dejado de operar temporalmente producto del confinamiento. Muy probablemente grandes obras de infraestructura se cancelarán o se pospondrán hasta que el panorama sea más claro.  

No se sabe cuáles de estos que cambios serán permanentes y cuáles temporales. ¿Será un antes y un después, o todo regresará a la normalidad una vez la pandemia sea controlada, como si nos hubiéramos despertado de una pesadilla? Una vez levantado el confinamiento se espera un repunte de la demanda de energía y una normalización del consumo; sin embargo, hay cosas que las restricciones propias del confinamiento podrían ayudar o acelerar cambios permanentes en estilos de vida o en el comportamiento individual o colectivo de los individuos.

 

La pandemia no acabará con la humanidad; pero el cambio climático sí.

Pero todo lo que hemos apenas descrito, sucede en medio de un problema más crítico: el cambio climático. Como dijo recientemente Jared Diamond, el célebre autor de Colapso: “el coronavirus no pone en peligro la existencia de la humanidad, el cambio climático sí”. Efectivamente, a pesar de que en el corto plazo las perspectivas son realmente sombrías, todo indica que podremos recuperarnos en pocos años de la pandemia. Pero la amenaza del cambio climático avanza inexorable y silenciosamente y de continuar así podría llevarnos a una catástrofe de proporciones bíblicas. 

La reducción de la demanda total de energía se estima en 3.8% por mérito de la pandemia, mientras que las emisiones de CO2, en el 2020, se reducirían en un 8% con respecto a las de 2019. En estas circunstancias, esto no se puede presentar como un logro. Estas cifras son reveladoras de la envergadura del esfuerzo necesario para reducir en 8% las emisiones de CO2 de un año para otro: ¡esto es el confinamiento por varios meses del 54% de la población mundial que produce el 60% del PIB mundial!    

Pero, ¿qué significará todo esto para la transición energética en curso? Los efectos de la pandemia sobre la transición son a la vez positivos y negativos. La reducción de la demanda de bienes y servicios y el confinamiento ralentizará en general todas las inversiones, entre ellas las del sector energía. Los bajos precios del petróleo en el corto y mediano plazo, también jugarán en contra de la transición energética en la medida en que la generación y el uso de energía de origen fósil se harán más competitivos, especialmente en el sector transporte, y dificultarán la penetración de los autos eléctricos. Recordemos que el transporte es uno de los principales consumidores de petróleo. También se desincentivará el ahorro energético.

La pandemia ha golpeado con mucha fuerza la producción de paneles fotovoltaicos (PV) por el cierre de las fábricas en China, país que concentra el 70% de la fabricación de paneles solares. Igualmente pasó con el otro 10-15% de la producción, ubicada en países del sudeste asiático, de capital chino, que cerraron por las medidas de cuarentena. Menos afectación registraron los proyectos eólicos, porque la producción de equipos está mejor distribuida internacionalmente, pero también han sufrido retrasos y cancelaciones por la afectación de la cadena de suministro de piezas, en gran parte fabricadas en China y la India. El cierre de fábricas en China, afectó igualmente al mayor mercado mundial de vehículos eléctricos y también la fabricación de baterías.    

Se espera que la mayor parte de estas dificultades desaparezcan cuando la pandemia sea finalmente controlada y cuando se cuente con una vacuna para inmunizar a la mayoría de los 7 mil millones de habitantes del planeta. Esto durará entre 2 y 4 años; sin embargo, desde ahora los gobiernos deberán iniciar los planes de recuperación económica, para levantar las medidas de confinamiento y recuperar las actividades productivas. 

 

No desaprovechemos esta crisis

Los gobiernos deberían aprovechar los planes de recuperación económica para introducir medidas que aceleren el despliegue de las energías renovables, y cumplir con los compromisos de desarrollo sostenible y el abatimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dichos planes de recuperación económica, que contarían con el apoyo de los organismos multilaterales tal como lo han manifestado públicamente, deberían contener como parte integral de los mismos, un paquete de medidas para acelerar la transición energética que permitan el despliegue de las energías renovables, la eficiencia energética y la producción sostenible. 

Winston Churchill dijo una vez: ¡Nunca desaproveches una crisis! Con todo lo negativo de la actual pandemia, la caída de los precios de los combustibles fósiles ofrece a los países, una oportunidad de oro y única para impulsar el desarrollo sostenible y la penetración de las energías renovables. La reducción de los precios del petróleo ofrece sólo una ventana de tiempo. Dejar para después de la recuperación económica y de los precios del petróleo, las medidas que detallaremos a continuación, será mucho más difícil.   

En todo caso, se requerirá una participación esencial del Estado. Los gobiernos serán los responsables de elaborar los planes de recuperación y de administrar los fondos externos para la reactivación económica y la ayuda social. Las acciones que recomendamos a continuación son de responsabilidad del Estado y deberían aplicarse de forma integral y coordinadamente. Estas medidas deberían crear las condiciones para la recuperación del sector privado y la creación de empleos sostenibles en el marco de una economía también sostenible. La aplicación de estas medidas requerirá de un gran consenso político y social.

 

  1. La eliminación escalonada de los subsidios combustibles

Los derivados de petróleo, especialmente la gasolina y el diésel, están fuertemente subsidiados en la región y en el mundo. En nuestra región, además, los hidrocarburos pagan pocos impuestos. Según el FMI, mundialmente los subsidios alcanzan los 400 billones de Dólares por año, de los cuales el 40% son para el subsidio de los hidrocarburos. Esta cifra también incluye el subsidio al consumo de electricidad, la calefacción y al gas de cocina. En nuestra región, estudios del BM demuestran que muchos de los subsidios no benefician a los más pobres. Los gobiernos deberían aprovechar la fuerte baja que han experimentado los derivados de petróleo para eliminar escalonadamente algunos de los subsidios, especialmente a las gasolinas y el diésel. 

Cada país es diferente y por consiguiente los planes serán diseñados de acuerdo con su realidad económica, política y social. La eliminación de estos subsidios ciertamente elevará el precio al consumidor final, pero favorecerá la competitividad de la movilización eléctrica con respecto al motor de combustión interna, que es individualmente el mayor consumidor de petróleo. Esto es un elemento crucial para la transición energética y para una economía baja en carbono; además, la eliminación del subsidio mejora la situación fiscal del país. Eliminar estos subsidios tiene un costo político que cada gobierno deberá evaluar.

 

  1. Precio al contenido de carbono de los combustibles

Es bien sabido que el consumo de los combustibles fósiles produce externalidades negativas, que pagamos todos. El empeoramiento de la calidad del aire que respiramos en las ciudades y del aumento de los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático son externalidades derivadas del consumo de las energías fósiles. La necesidad de incluir dentro del precio final de los combustibles, el costo de estas externalidades mediante un impuesto proporcional a su contenido de carbono, o Carbon Tax, expresado en $/litro, o $/tonelada de CO2, o en la unidad más conveniente, es algo de lo que se viene hablando desde hace algún tiempo. 

Expertos como Jean Tirol, Joseph Stiglitz y Paul Krugman, todos premios nobel de economía, pero también de académicos muy conocidos como Jeffry Sachs y Jeremy Rifkin, opinan que la mejor manera de controlar el consumo de combustibles fósiles y promover la transición energética es el de sincerar los precios de los combustibles, mediante un impuesto al carbono. Un impuesto al carbono es una medida justa, racional y eficaz de acuerdo con la teoría económica. Implementar un Carbon Tax no es fácil, porque se requiere de la cooperación internacional, que no ha sido fácil lograr en los diferentes acuerdos sobre el clima. La experiencia reciente en la Unión Europea de un impuesto al carbono, no fue exitosa. El precio del carbono debe tener un valor de mercado determinado en un mercado global.

El esquema de cobro de este impuesto es variado y debe ser adecuado a las posibilidades de cada país. El punto de cobro puede ser el punto de expendio final del combustible, o directamente a los productores y/o importadores de combustibles. Podrá ser inicialmente fijado administrativamente por las autoridades locales e implementado de manera gradual, siempre teniendo en cuenta su impacto en los grupos más vulnerables. Los fondos recaudados por el impuesto al carbono podrán utilizarse para varios fines, de acuerdo con el criterio de cada país. Podría constituirse un fondo para financiar proyectos de fuentes renovables y de eficiencia energética o podría reforzar la política de subsidios, o a necesidades específicas, o simplemente regresarlo al contribuyente como una reducción al impuesto sobre la renta o para financiar infraestructura en cualquiera área (educación, salud, obras públicas, etc.) 

 

  1. Incentivos a la inversión en fuentes renovables

La mayor parte de los países cuentan con leyes de incentivos para las fuentes renovables incluyendo el hidrógeno y las baterías. Aunque en muchos de los casos la energía solar PV y la eólica son competitivas con las fuentes convencionales de generación, su difusión ha sido lenta. Todavía no se ha logrado el volumen de inversiones necesario para que estas fuentes representen porcentajes importantes de la matriz de generación de electricidad.

Los incentivos existentes deben ser revisados para evaluar su efectividad y adecuarlos a la dinámica de los mercados. Herramientas como las feed-in-tarifs, o los portafolios, los contratos por tecnología, o penalidades para las fuentes fósiles de acuerdo con su contenido de carbono en licitaciones de suministro, deben ser consideradas.

Los fondos que se recuperen del impuesto al carbono pueden, si es el caso, ser utilizados total o parcialmente para el financiamiento preferencial a proyectos de fuentes renovables, especialmente de media y pequeña capacidad. En esta área se podría considerar la inversión en redes de transmisión para facilitar la conexión de los proyectos renovables.

El gobierno, a través de sus instituciones, debería facilitar la tramitología de los proyectos de energía renovables que generalmente son engorrosos y toman mucho tiempo. En particular se debería apoyar a los desarrolladores en aspectos relacionados con los derechos de vía o en la relación con las comunidades de afectados.

 

  1. Reforma Fiscal

Las recomendaciones de los puntos 1), 2) y 3), deben ser adoptadas de forma escalonada, pero tienen que adoptarse de manera integral. Su aplicación debe se calibrada y coordinada entre ellas. Es sin duda una tarea difícil pero necesaria. Por esta razón las medidas deben ser parte de una reforma fiscal más completa. En principio, el impuesto al carbono o Carbon Tax no debiera ser diseñado para aumentar la recaudación fiscal, sino para reducir en consumo de los combustibles fósiles, pero esto es una decisión de cada país. En tal sentido la reforma fiscal debería ser equilibrada y buscar la neutralidad buscando afectar lo menos posible a la población más vulnerable. 

El objetivo central del impuesto al carbono es el de facilitar la transición energética mediante un mecanismo de mercado, para mejorar la competitividad de las energías renovables, especialmente para facilitar la penetración de la movilidad eléctrica, un área tan crítica para disminuir en contenido de carbono de la economía. La introducción de este impuesto ayudaría a mejorar también la calidad del aire de las ciudades y el uso de vehículos más eficientes, al reducir no solo la emisión de gases de efecto invernadero, sino también la de gases contaminantes locales como el monóxido de carbono, partículas sólidas, óxidos de azufre que según la OMS matan anualmente varios millones de personas en las ciudades.

 

Finalmente hay que poner las cosas contexto. En el siglo XX se registró una pandemia, la llamada Gripe Española que mató cerca de 50 millones de personas en 1918-1919; dos Guerras Mundiales que dejaron más de 80 millones de muertos; una gran depresión que causó un desempleo de 25% y una contracción de PIB mundial del 27%; dos explosiones atómicas en actos de guerra en Hiroshima y Nagasaki; dos guerras menores, la de Corea y la de Vietnam que dejaron un total de 10 millones de muertos. El COVID19 ha infectado hasta el 3 de mayo a 3.5 millones de habitantes, de los cuales han fallecido 248 mil. No perdamos la perspectiva, el coronavirus no acabará con la humanidad, pero si no aceleramos la transición energética aprovechando la oportunidad que nos ofrece la pandemia, el cambio climático si lo hará. 

 

*Las opiniones expresadas en el presente artículo corresponden a la valoración de su autor, por tanto, no representan una posición institucional de OLADE, ni constituyen una recomendación del organismo para la toma de decisiones. El autor se responsabiliza por la congruencia de los datos e información empleada en el análisis realizado.

 

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